Muchos hablan de inseguridad en todas partes del mundo, sobre todo en la Argentina. Y nadie se calla, ya sean famosos, o ciudadanos “comunes”. Sin embargo, poco se dice sobre cómo se podría combatirla, y por donde hay que empezar. Si bien no es un tema sencillo, considero que bien premeditado, con políticas a largo plazo, y con la ayuda de todos, se podría vivir mejor. ¿Se podría vivir mejor? ¿Argentina podrá ser algún día un país seguro? ¿Y tu país también?

Expongo a continuación un artículo interesante de una renombrada abogada. Digno del análisis…

Por Liliana Angela Matozzo

“QUE CADA MUNICIPIO O GRUPO DE MUNICIPIOS ADMINISTRE Y CONTROLE SU POLICIA, JUSTICIA, DETENIDOS Y MENORES EN ESTADO DE ABANDONO O EN CONFLICTO CON LA LEY”

PASOS PARA INSTRUMENTAR ESTE PROYECTO:

1.- NECESIDAD DE DOCUMENTAR A TODA LA POBLACION DEL DISTRITO

Organización y puesta en marcha, junto con el Registro Nacional de las Personas, de un Operativo de Documentación de toda la población residente en el Municipio, con la correspondiente creación de la Base de Datos de Población, en sede de la Municipalidad, con libre acceso para el Poder Judicial y la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Todo habitante del Municipio debe tener su Documento Nacional de Identidad, y el Municipio debe proveérselo. No podemos tener habitantes indocumentados.

¿Cuál es el efecto de tener el DNI?

Allí constaría el domicilio, y a partir de ello, se determinaría la competencia de las autoridades judiciales y administrativas ante la comisión de un delito, o al entrar en estado de abandono, en el caso de un menor.

Si el menor o el detenido tienen domicilio en el Municipio, su alojamiento se hará dentro del Municipio, y si no lo tiene, se lo enviará, una vez terminada la actividad de prevención policial y legal, a su propio Municipio para que “se lo alimente, vista y haga trabajar” , y en el caso del menor, para que “se provea a su mejor destino según lo normado”.

O sea, que el delincuente cumpla la pena efectiva, dentro de su propio Municipio.

El resto de los habitantes de la Provincia, no tienen por qué mantener delincuentes oriundos de otros Municipios. Cada Municipio debe hacerse cargo de los delincuentes que produce.

El costo de ello sería soportado por sus contribuyentes, que al ver en el Ejercicio Final que pagan más contribuciones por los delincuentes que produce, exigirá a su Intendente, Concejo Deliberante, autoridades policiales, funcionarios judiciales, autoridades educativas y de acción social, mejores planes y acciones.

Así el contribuyente podrá controlar de modo efectivo, qué hacen sus autoridades, dado que cuando el detenido se va al Palacio de Justicia, que queda lejos, y termina detenido en una dependencia, mucho más lejana aún, se pierde de vista el “costo en dinero” que el delincuente insume a la sociedad.

Un país no mejora redistribuyendo sólo el Ingreso, sino también “racionalizando y redistribuyendo el gasto”.

2.- CONSULTA AL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL Y FEDERAL

Organización y puesta en marcha de una Consulta a los respectivos Servicios Penitenciarios Federal y Provincial, para determinar el domicilio y competencia municipal de la cantidad y calidad (edad, tipo de delito, tipo de pena, etc.) de la población carcelaria existente.

¿Cuál es el objetivo de esta consulta?

Conocer en realidad cuántos delincuentes produce cada Municipio.

Si otros Municipios adoptaran igual actitud, se sabría a ciencia cierta dónde focalizar los recursos, que son muchos y en general desperdiciados.

3.- IDEM CONSULTA AL CONSEJO PROVINCIAL DEL MENOR Y JUZGADOS DE MENORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El objetivo es el mismo que el anterior. Cada Municipio debe conocer a ciencia cierta cuántos menores tiene en conflicto con la ley o en estado de abandono.

Por otro lado, los habitantes del Municipio tienen el derecho de saber si viven en un lugar seguro, o en un “caldo de cultivo para la delincuencia de la que seguramente algún día serán víctimas”.

El índice de producción delincuencial y de menores en estado de abandono o en conflicto con la ley, sin duda elevaría o disminuiría “la calidad de vida del Municipio y los valores de sus propiedades y servicios”.

Es obvio que después de esta investigación, si la hiciesen todos los Municipios, quedarían expuestos los lugares con mayores problemas, y eso provocaría un desplazamiento poblacional de “la gente que quiere vivir tranquila y proteger a su familia”.

El “barrio cerrado” no es la solución, pero sí podríamos tener Municipios calificados por su seguridad.

4.- BUSQUEDA O CONSTRUCCION DE UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL PARA ALOJAR DELINCUENTES

Una vez efectuada la consulta a los organismos penitenciarios y judiciales, ordenar la disponibilidad de un Inmueble (o construcción del mismo) para alojar detenidos, procesados y penados en sede del Municipio.

Al crearse una Cárcel Municipal, se evitará el desplazamiento de presos entre diferentes comisarías y dependencias, con el riesgo que para el resto de la población significa ello. Todo detenido iría a parar a esta dependencia, a la espera de las actividades de prevención, intervención del Fiscal y Defensor, Juez, etc.

Esto requiere una Reforma Judicial muy simple: CREACION DE TRIBUNALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, FISCALIAS y DEFENSORIAS dentro de cada Municipio.

Estos funcionarios judiciales se instalarían en la misma dependencia, a modo de “tener los detenidos a mano” para tomar declaraciones, ampliarlas, etc. Y cumplir de este modo con el “tan mentado principio de inmediación de la justicia con los sujetos y objetos del delito”.

5.- IDEM DE UNA DEPENDENCIA MUNICIPAL PARA ALOJAR MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY

Al crearse una Dependencia dentro del Municipio para alojar a los menores con problemas legales, se evitará el desplazamiento y consiguiente desarraigo de los mismos hacia Institutos o Dependencias alejadas de su domicilio habitual. De este modo, su familia podrá estar en permanente contacto con él, ya que no deberán viajar enormes distancias, y se facilitará a los Jueces de Menores y otros funcionarios administrativos y judiciales, cumplir con el “principio de vigilancia” que la ley exige, dado que ya no tendrán que abandonar sus funciones y viajar “y cobrar viáticos” para vigilar la evolución del menor.

Esta medida implica la instalación de los Tribunales de Menores con competencia en este Municipio, en el mismo Edificio en donde está la Dependencia que los aloja.

Esto exigirá una reforma judicial simple: CREACION DE UN TRIBUNAL DE MENORES para tener competencia dentro de cada Municipio.

6.- IDEM PARA ALOJAR MENORES EN ESTADO DE ABANDONO

Lo arriba expuesto, exime de abundar en explicaciones sobre el “deber de vigilancia judicial y administrativo sobre los menores institucionalizados, etc.”.

En este caso, se exigiría que los Tribunales de Menores o de Familia que tengan que intervenir en las causas o expedientes vinculados a Menores en Estado de Abandono, se instalen también en el mismo edificio en que ellos están.

Así, los jueces y otros funcionarios judiciales podrán “vigilar y reorientar” el tratamiento del menor, y “apurar así los trámites” para integrarlos en alguna familia adoptiva o de tránsito.

Es sabido que la Provincia destina una suma que va entre los 1.000 y 1.300$ por cada menor para su alimentación y vestido dentro de un Instituto.

A nadie escapa el estado de los menores institucionalizados y que la cifra es alta como para permitir que ello ocurra.

Esas sumas pueden ser dirigidas hacia el Municipio, con destino fijo a Minoridad en Estado de Abandono, de manera tal que el Municipio controle de manera efectiva la atención de sus menores en estado de abandono.

7.- REFORMA JUDICIAL

Por lo expuesto, se hace imprescindible hacer una Reforma Judicial que permita que los funcionarios judiciales se domicilien en el Municipio en donde tienen competencia y trabajen efectivamente en el mismo.

Con este reordenamiento, se les reduciría la población a atender, ya que está comprobado que por la lejanía de las dependencias que alojan a los detenidos, y por la gran población delincuencial que atienden, las causas se acumulan, generando una “situación de injusticia” para los detenidos y para el resto de la población.

En el caso de Vicente López, el Departamento Judicial de San Isidro, ya no alcanza.

Todos los funcionarios judiciales con competencia en materias criminales y correcionales, y de menores, deben estar interconectados informáticamente para determinar qué Juez será luego responsable del cumplimiento de la pena.

Para evaluar los antecedentes delictivos de cada detenido, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a través de una Secretaría destinada al efecto, creará una Base de Datos en donde figurarán todas las detenciones y resultados de las mismas, de modo que al intervenir el Juez del Municipio, cuente con la información en forma inmediata, sin necesidad de librar oficios, ni gastar enormes sumas de dinero en comunicaciones telefónicas.

El correo electrónico y el uso de redes informáticas es mucho más barato que el teléfono, el correo común y el empleo de efectivos policiales llevando comunicaciones y papeles.

8.- REFORMA POLICIAL

Todos sabemos que la inseguridad aumentó y que ya parece imparable.

El sistema policial tal como está, NO SIRVE.

La Escuela Policial Provincial capacitará y proveerá los efectivos para desempeñarse dentro del Municipio, a quienes se les exigirá “tener domicilio dentro del mismo”.

El Comisario Municipal, tiene que ser elegido por la población del Municipio, debe tener domicilio real en el Municipio y ser conocidos sus bienes y actuación y cara, por los habitantes del Municipio.

Debe tener su Central de Operaciones en la dependencia de detención, a modo de no desperdiciar recursos.

Al ser funcionario electo, le importará acabar con el delito, y no cumplir una estadística.

Debe trabajar de consuno con el Intendente y los funcionarios judiciales. Todos estarán a mano y bajo la mirada vigilante de los ciudadanos.

El sistema de División Departamental de la Policía no sirve.

Basta de Cooperativas Policiales y de “pedidos de colaboración”.

Debe haber un presupuesto controlado por las autoridades y ejecutado para Seguridad Policial, no para otras cosas.

Los efectivos policiales deberán patrullar constantemente, y los funcionarios judiciales realizar las actividades de prevención y ordenar las medidas de investigación.

Los efectivos policiales no pueden hacer “certificados de domicilio”, ni “tomar declaraciones”.

Deben patrullar en la calle y estar al servicio de la comunidad.

Hay que volver al “vigilante de la esquina que todos conocían”.

No puede ser que cuando un equipo policial conoce las modalidades delictivas de una zona, se le cambie el destino y la población esté “a cero” otra vez con la seguridad.

El equipo debe tener permanencia en su empleo hasta tanto dure su buen desempeño, no hasta que a su superior se le “ocurra trasladarlo porque no le conviene”.

No queremos que nos pongan “a dedo” a los funcionarios que van a proteger nuestras vidas y nuestros bienes.

Cada Municipio tiene sus propias necesidades preventivas y modalidades delincuenciales.

9.- CREACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONTROL CIUDADANO

Este Consejo estará integrado por Ciudadanos Honorables, no por su profesión y capacidad intelectual, sino además por su “acreditada buena conducta y actuación en la comunidad”.

También estará bajo la mirada vigilante del resto de los habitantes del Municipio.

Tendrán que atender todas las inquietudes ciudadanas sobre seguridad y funcionamiento de la justicia, servicio penitenciario y atención de la minoridad, para trasladarlas en forma eficiente a los responsables de las diferentes áreas. Así el sistema se mantendrá en constante mejoramiento y superación.

Periódicamente los Consejos Municipales se reunirían para intercambiar experiencias y mejorar sus propuestas.

10.- APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS COMUNITARIOS

Al tener las dependencias carcelarias e instituciones minoriles dentro del Municipio, se facilita la actividad de colaboración solidaria de las personas y organizaciones intermedias.

Así, aquellos que tienen su tiempo y “no disponen de fondos para hacer largos viajes” podrán integrar equipos de trabajo social dentro de las dependencias y coadyuvar a la labor judicial de reintegración de los detenidos, o acompañamiento de los menores.

Muchas empresas podrían dar trabajo para que los detenidos hagan, porque el control será seguro.

¡Cuánto más se podría aprovechar al estar todo a mano!

¡Cuántos gastos inútiles se evitarían al tener todo cerca!

¡Sólo piénselo!

Todo ese dinero podría destinarse a efectuar una real prevención del abandono y de la delincuencia, creando centros de día, centros de recreación, pymes para dar trabajo, y así combatir todas las causas que generan la delincuencia o fomentan el abandono de menores.

Desde la Provincia no se puede resolver todo. Y de hecho, es poco lo que se resuelve.

Las “megacárceles” no sirven, porque son otro foco de corrupción, que nadie puede controlar porque están lejos.

El funcionario provincial “no puede ver”, ya que está en su despacho y lejos.

El funcionario judicial “no puede ver” porque el día tiene 24 horas y también debe vivir.

Al tener todo a mano, “ya no hay más excusas para hacer las cosas mal”.

Y cada Municipio, como cada familia, “que se haga cargo de sus problemas”.

Que la Provincia ayude y oriente, que distribuya bien los recursos, y que los Intendentes que “miran para otro lado” cuando su Municipio quede expuesto por “producir más delincuentes que ciudadanos decentes”, asuma las responsabilidades del caso.

NOTA:

Ojalá algún funcionario se haga eco y empecemos a cambiar las cosas con los “miniproyectos de abajo hacia arriba” y dejemos de hablar de las “grandes reformas estructurales que nunca se harán”.

Hoy la seguridad clama.

Muchas víctimas del delito ya no pueden opinar, pero estoy segura de que no querían pasar por ello.

Merecemos una sociedad mejor.

Si no lo hacemos, sólo será culpa nuestra.


Atte.,

Dra. Liliana Angela Matozzo

Abogada

Presidente FUNDACIÓN PROA A LA VIDA









Fuente: http://parlamentario.com/articulo-1002.html

PORTADA PRINCIPAL